Aborto legal: el rol de la educación

1
143

Ya entró en vigencia en todo el territorio nacional la Ley 27610 que establece el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el rol de la educación?

La ley regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. El artículo 2 establece cuáles son los derechos de las mujeres y personas gestantes.

Entre los derechos, está decidir la interrupción del embarazo y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud.

Pero la ley también comprende y reconoce cómo un derecho fundamental la Educación Sexual Integral.

Entre los objetivos, plantea la prevención de los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.

¿Qué rol tiene la educación?

En el artículo 13, la ley 27610 menciona la educación sexual integral y salud sexual y reproductiva.

Allí se establece que el Estado nacional, provincial y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

Esto implica establecer “políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

Capacitación a docentes

Los estados además deberán capacitar a docentes sobre perspectiva de género y diversidad sexual junto a trabajadores de la salud.

La capacitación es a fin de “brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes soliciten realizar una interrupción voluntaria del embarazo”.

Niñez y adolescencia

La ley posee un marco normativo institucional que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para las personas menores de edad, que soliciten una interrupción voluntaria del embarazo, quienes sean mayores de 16 años la ley establece que tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En los casos de personas menores de 16 años de edad, se requerirá su consentimiento informado.

En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescentes, la ley establece el deber de comunicar la vulneración de derechos y realizar una denuncia penal.

Ambas acciones deberán cumplirse respetando el derecho a la privacidad y confidencialidad de niñas y adolescentes. No se deberá obstruir ni dilatar el acceso a los derechos establecidos en la ley.

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí