En el Gobierno Nacional se trabaja en un proyecto de ley que contenga los cambios que quiere Javier Milei en la educación. La Secretaría de Educación trabaja, con Federico Sturzenegger (Transformación del Estado), para retomar las reformas propuestas en la Ley Ómnibus: examen final en secundaria, evaluación docente, difusión de resultados de las evaluaciones estandarizadas por escuela, arancelamiento universitario para extranjeros y declarar a la educación como servicio esencial.
El Poder Ejecutivo planea enviar al Congreso un proyecto de ley que reúna estas reformas educativas. Según Sturzenegger será “una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años”.
Los cambios que propondrá Milei para Educación
La iniciativa, que será impulsada tras la denominada “Ley Hojarasca”, retomará las disposiciones que formaban parte del título VII, capítulo dos, del proyecto original de la Ley Bases e implicará modificaciones a la Ley de Educación Nacional (26.206) y la Ley de Educación Superior (24.521).
Se propondría modificar el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional (LEN) sobre la evaluación del sistema educativo para impulsar un examen integrador obligatorio al terminar la escuela secundaria. La Ley Ómnibus establecía que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”. No será requisito aprobar el examen para acceder al título secundario.
En las universidades
Regresa la idea del arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia, manteniendo la gratuidad de los estudios de grado en las universidades estatales para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Otras reformas para el sistema universitario, que viene enfrentándose por el tema presupuestario, incluye que las universidades puedan ofrecer un examen de ingreso como alternativa a un curso de nivelación, manteniendo la aclaración de que estos mecanismos no deben tener un “carácter selectivo excluyente”.
También se pretende establecer evaluaciones externas dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (para las universidades públicas) o del reconocimiento provisorio (para las universidades privadas) y se apuntará a “determinar principios básicos para la asignación de recursos de las universidades”, una cuestión que se incluía en los proyectos de ley presentados por distintos bloques parlamentarios durante este año.
Este nuevo, viejo reclamo
El principal foco de conflicto para el Gobierno nacional viene siendo expresado por el arco universitario que comenzaba con la histórica Marcha Federal del 23 de abril. La semana pasada un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.
En esta línea, la diputada nacional Danya Tavela (UCR) viene de presentar un proyecto de ley para declarar la “emergencia presupuestaria” de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1° de enero de 2024.
Evaluación docente y educación “híbrida”
La nueva norma prevé “liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario” y habilitar la “enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario” (es decir, a partir de cuarto grado), aunque aclara que será “de forma adicional a la educación presencial obligatoria” (y no “como alternativa a la educación presencial”, según figuraba en la primera Ley Ómnibus).
También sigue en agenda la propuesta de evaluar a los docentes cada cinco años, una cuestión que había mencionado el presidente Javier Milei en su discurso de lanzamiento del Compromiso Federal por la Alfabetización. En esta línea, la Ley Ómnibus planteaba que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país” y especificaba que la evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”.
La esencialidad
La declaración de la educación como servicio esencial es otra reforma que sigue en la agenda del Gobierno (estaba prevista en el mega DNU 70/2023). Esta iniciativa viene avanzando en el Congreso, logrando dictamen de la comisión de Educación de Diputados. La iniciativa tiene el acuerdo de los bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y otros bloques de la “oposición dialoguista”, mientras que Unión por la Patria y la Izquierda se oponen.
La propuesta busca establecer como “servicio estratégico esencial la educación obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades”. La iniciativa que se debatirá en Diputados establece que, ante una “medida de acción directa, indirecta, paro o huelga” deberá haber un “sistema de guardias mínimas educativas obligatorias” del 30% del personal (docente y no docente) durante los primeros dos días de protesta; a partir del tercer día, esa cifra se elevará al 50% (a diferencia del DNU presidencial, que establecía una prestación mínima del 75%).
Al inicio del Ciclo Lectivo, el equipo de conducción de cada escuela deberá establecer “la nómina anual de personal docente y no docente” que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas.