 que habrían sido víctimas de hostigamiento laboral y otros hechos por parte del equipo directivo){kind=link}
Desde este miércoles 18 de setiembre comenzarán a desfilar las y los docentes y administrativos del IESCER (ex INESCER) que habrían sido víctimas de hostigamiento laboral y otros hechos por parte del equipo directivo. Serán casi una docena de agentes de la educación que se desempeñaban en ese terciario de Villa María y que, a raíz de estos sucesos, se encuentran en nuevos destinos laborales, jubilados o bajo carpeta médica, los que llegarán a la sede de la Dirección General de Educación Superior (DGES) de manera individual (y en distintas fechas) para responder las consultas que tendrá la repartición.
Los acontecimientos denunciados tuvieron origen a mediados de 2022 (que luego se repitieron en el tiempo) y recién ahora parece avanzar después de que la Fiscalía de Estado devolviera a la Dirección General de Educación Superior el expediente (N° 0623-122612/2023) para que sustancie, fehacientemente, la instrucción de un Sumario Administrativo, en manos de un nuevo funcionario a cargo del departamento legal del Ministerio de Educación.
IESCER (ex INESCER): comienzan a tomar declaración a los presuntos docentes hostigados
Estas “declaraciones informativas” (según consta en las citaciones) se transformarán en la primera oportunidad que tendrán las y los docentes de exponer las características de aquellos sucesos acontecidos en la institución y que hablaban de actos de violencia, acoso laboral y hostigamiento por parte del equipo directivo del INESCER que integran la directora Mónica Pérez (asumió en diciembre de 2021) y la vice Jussara Galli.
Los ecos de los hechos que presuntamente venían ocurriendo en ese instituto tuvo su pico más álgido cuando un reconocido docente de matemática, denunciaba en Tribunales de Villa María a Pérez y a Galli “por acoso laboral, hostigamiento y amenazas” el 23 de noviembre de 2022; acción que también formuló vía administrativa ante la propia Pérez y sus superiores ministeriales. En este sentido, el Fiscal de 2° Turno René Bosio, a cargo de la causa, había tomado declaración testimonial a una agente que cumple tareas administrativas, testigo presencial de los presuntos hechos denunciados y hasta posible víctima de actos similares.
Los sucesos denunciados no terminaron ahí. En junio de 2023 se acoplaron a las denuncias administrativas cinco agentes más “por el maltrato, acoso, hostigamiento y violencia laboral que hemos sufrido por parte del personal directivo de la institución”, según rezaba el escrito. En noviembre de 2023, en tanto, un agente (preceptor) terminó convulsionando y en estado de shock luego de un presunto episodio violento con la directora y en diciembre de ese mismo año, por su parte, una docente que padece autismo también denunció maltrato laboral fundamentando que el hecho sostiene tuvo relación directa con una vulneración de sus derechos humanos y laborales.