Otra mirada sobre las cárceles y la pandemia

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Escribe: Lic. Claudia Ceballos (Especial para Cátedra Libre)

La emergencia provocada por el COVID 19 puso en la agenda de los medios de comunicación y en los discursos sociales la situación de riesgo sanitario de las personas privadas de la libertad.

Frente a la posible morigeración de las penas con el otorgamiento de prisiones domiciliarias se manifestaron opiniones encontradas y noticias falsas. En este contexto surge la necesidad de una mirada que humanice esta problemática desde un enfoque de derechos

Un aspecto relevante en la reflexión sobre este tema es conocer las características de las personas que habitan las cárceles en nuestro país y, particularmente, en la provincia de Córdoba. La mayoría fueron juzgados por delitos contra la propiedad, son escasos los condenados por los llamados delitos de guante blanco, los delitos económicos.

Alrededor de estos, en general, se concentra una cuota de poder, mientras que los sujetos empobrecidos y en situaciones de desventaja social, están expuestos a ser acusados por la comisión de algún delito y a ser encarcelados. No corresponde establecer una relación directa entre violencia y pobreza estructural. Sin embargo, se puede señalar que el empobrecimiento y la desigualdad genera condiciones para la emergencia de diferentes formas de violencia (Frejtman, Herrera, 2010).

Desigualdad, pobreza y privación de la libertad

El estudio “Marginalidad y desempeño institucional en la Argentina”, dirigido por Marcelo Bergman en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en 2014, comprendió la realización de encuestas a 1.030 presos condenados por la justicia de la ciudad y de la justicia de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo con este estudio, los condenados de los Sistemas Penitenciarios Federal y Bonaerense, que constituyen una población homogénea. Son mayoritariamente jóvenes, con bajos niveles de instrucción y provenientes, en su mayoría, de familias desestructuradas. La mayoría de ellos ha trabajado en su vida y el 71% de los condenados se encontraba trabajando antes de ser detenidos. Sin embargo, dichos trabajos eran de una baja calificación con salarios pauperizados.  El entorno delictivo, los niveles de violencia familiar y el consumo de alcohol y/o droga en el hogar están muy asociados con el tipo de delito y la violencia de los victimarios. En este sentido, sólo el 27% de los presos dice haber crecido en entornos no delictivos.

A nivel educativo más del 80% de la población cuenta con estudios medios no terminados. A su vez, cerca del 25% no terminó siquiera los estudios primarios. Estas características educativas son similares entre varones y mujeres.

En el plano vincular, más de un 20% no conoció nunca a su padre o a su madre o a ambos progenitores. Estas figuras en la mayoría de los casos fueron reemplazadas por otros familiares o por personas que no integraban la familia.

El modo en que las personas se insertan en la estructura socio-productiva incide en su capacidad de subsistencia y también puede tener impactos en la conducta dentro de la sociedad. En este sentido, el no poder desarrollarse laboralmente puede convertirse en un mecanismo de frustración. Los encuestados trabajaron un 33% como autónomo, un 32% como empleado de una empresa privada, un 21% como albañil u obrero en una fábrica. Analizando el tipo de ocupación que tenían y los ingresos que percibían se observa que un 57% tenían un trabajo de baja calificación.

En el grupo que estaba desocupado antes de estar privado de libertad, se observa que la mayoría (un 34%) tenía un trabajo ilegal, sumado a esto muchos aducían que no encontraban trabajo o que tenían problemas por tener antecedentes penales.

En la provincia de Córdoba, según el Sistema de Estadísticas de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación (SNEEP) en el año 2018 había 9.200 personas privadas de la libertad, el 95% hombres, de los cuales el 37% tenía entre 25 a 34 años de edad mientras que el 25% tenía entre 35 a 44 años. El máximo nivel educativo alcanzado era primario completo el 38%, y el nivel secundario incompleto el 33%. Con respeto a las condiciones laborales al momento de la detención, el 64% era trabajador de tiempo parcial y el 26% era desocupado. Sobre la capacitación laboral el 49% tenía un oficio, el 13% tenía una profesión y el 38% no tenía ni oficio ni profesión. Otro dato relevante es que en nuestra provincia el nivel de reincidencia es del 30%.

En los datos presentados se advierte una regularidad en las características de las personas privadas de la libertad en la ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba y Buenos Aires. En términos generales, son jóvenes, poseen un bajo nivel educativo, han sufrido condiciones laborales desfavorables y su formación profesional y laboral es escasa.

Atendiendo a estas características no debe realizarse una vinculación directa entre la condición de pobreza de las personas y las probabilidades de que comentan delitos. No obstante, resulta evidente que las condiciones materiales básicas son un factor determinante para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir el delito, pero esta relación necesita de otros factores complementarios que tienen mucha incidencia para explicar por qué una persona puede tener más o menos probabilidades de tener una conducta delictiva. Los contextos de socialización durante la infancia y adolescencia, las condiciones de vida durante la adultez y las posibilidades de reinserción social cuando salen de la cárcel inciden en los sujetos y su conducta delictiva que complejiza los determinantes de la situación. (Bergman, 2014)

Pandemia, medios de comunicación y discriminación

Ante la posibilidad de morigeración de las penas con el otorgamiento de prisiones domiciliarias a causa del riesgo sanitario que existe en las cárceles, algunos medios de comunicación y sectores de la sociedad se manifestaron en contra y, entre diversos argumentos, resonaron discursos discriminatorios, descontextualizados y falsas noticias de liberaciones masivas.  

El discurso discriminatorio constituye un proceso que supone relaciones causales y atribuciones de culpa y de responsabilidad de las que los individuos discriminados no pueden eximirse. Justifica el rechazo, la negación del «otro» marcando las características que lo diferencian de «nosotros». «Ellos» están atravesados por lo ilegítimo, lo que viola las normas y costumbres sociales, en «nosotros» residen los atributos contrarios. De esta manera, cargando toda la culpa en «ellos» se aliviana, se anula de responsabilidad a otros actores sociales, con capacidad y poder de decisión, por las acciones que han realizado u omitido (Vasilachis, 2004).

De estos discursos se puede inferir que el hecho de que una persona juzgada por un delito cumpla la condena otorgada no es suficiente, por el contrario se reclama un doble castigo, además de la pena privativa de la libertad, debe atravesar una pandemia en el hacinamiento existente en muchas cárceles del país.

De este modo, no se tiene en cuenta que las cárceles están pobladas de seres humanos, quienes cumplen condenas o procesos judiciales, y quienes trabajan en ellas, los integrantes del Servicio Penitenciario, desempeñando funciones de seguridad, salud, educación, entre otras. Debido al gran conglomerado de personas el riesgo sanitario se extiende a todos. 

Por lo cual vale aclarar que la ejecución de la pena privativa de la libertad afecta el acceso a la libertad ambulatoria, es decir las personas pierden la libertad para desplazarse, pero deben poder ejercer todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como educación, libertad de expresión, salud, entre otros.

Llegó el momento de que como sociedad nos involucremos en la situación de las cárceles y las personas privadas de la libertad, no sólo en casos extremos como esta pandemia. Es necesario que participemos junto al Estado en procesos reflexivos que se focalicen en la, tan mencionada pero poco pensada, crisis del sistema carcelario. 

Dibujos: Integrantes del Taller de Comunicación Establecimiento Penitenciario Nº 5 (publicados en la Revista Rompiendo Fronteras)

Bibliografía

BERGMAN, M. (2014) “Delito, marginalidad y desempeño institucional en la Argentina: Resultados de la encuesta de presos condenados”. Universidad Nacional de Tres de Febrero

FREJTMAN V., HERRERA P. (2010) “Pensar la educación en contextos de encierro”, Ministerio de Educación de la Nación

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (2018) “Informe anual año 2018 Córdoba”

VASILACHIS, I. (2004) “El lenguaje de la violencia en los medios de comunicación: Las otras formas de ser de la violencia y la prensa escrita”. En “Aportes para la convivencia y la seguridad ciudadana”. El Salvador. PNUD, PRODECA

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