Pueblos originarios y su acceso a la educación universitaria

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Imagen: Ilustración: Reinaldo Cortés

Escribe: Juan Carlos Del Bello (Rector de la Universidad Nacional de Río Negro -UNRN-).

Traza líneas de acción para asegurar los derechos educativos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Remarca el rol de la educación superior y la necesidad de una reforma urgente de la ley en ese sentido donde, además, forma parte de la comisión donde se la debate.

(Especial para el Diario de Río Negro y Villa María Educativa)

En el sistema de educación superior argentino, el racismo tiene diversas formas de expresión. Una de ellas es la escasa participación que tienen las personas indígenas y afrodescendientes en su estudiantado, incluso en sus cuadros académicos y de gestión.

Puede decirse que esto es consecuencia de diversos tipos de factores que pueden reunirse en la expresión “racismo estructural” y que disminuyen las posibilidades de que personas de estos grupos poblacionales culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita, tal como documenta el estudio “Etnicidad y educación en Argentina: pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”, elaborado como parte del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020).

Desde comienzos de este siglo, la mayoría de los países latinoamericanos ha venido adoptando enfoques positivos e innovadores para asegurar los derechos educativos de estos grupos de población establecidos en varios instrumentos internacionales (la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entre varios otros) que han ratificado.

En el caso de Argentina, la vigencia de estos derechos se expresa incluso en el artículo 75 de la Constitución Nacional (inc. 17 y 22).

Hacia esa meta procuramos avanzar con el proyecto de modificación de la Ley de Educación Superior (Ley Nº 24.521/95), proyecto del que participo, en carácter de Rector de la Universidad Nacional de Río Negro, desde diciembre de 2020.

La iniciativa es promovida por la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina (UNTREF) y es impulsada por diferentes organismos, instituciones, rectores de universidades y especialistas del ámbito educativo, convencidos de que es preciso dotar al Estado de un rol más activo con relación a la implementación de políticas de inclusión educativa para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Esa ambición implica activar mecanismos y programas de Educación Intercultural para toda la población, así como garantizar recursos materiales y económicos, programas de apoyo institucional y acceso a servicios de conectividad e Internet de los estudiantes pertenecientes a estos pueblos; la promoción de generación de conocimientos basados en modalidades de colaboración intercultural; y la participación de sus representantes en instancias consultivas y decisorias.

Los objetivos de la Universidad Nacional de Río Negro guardan estrecha relación con estas metas. En efecto, así lo determina el Estatuto que considera a la Educación Superior como un derecho humano universal; su acceso sin ningún tipo de discriminación; a la libre asociación y participación estudiantil; a la obtención de becas y otros tipos de apoyos económicos; y al reconocimiento y preservación de las culturas identitarias originales de los integrantes de su comunidad.

Sobre esa base, la UNRN ha transitado, desde sus inicios,  un camino de acciones orientadas a promover el ingreso y la permanencia de jóvenes pertenecientes o descendientes de pueblos originarios, teniendo especialmente en cuenta que la provincia de Río Negro tiene –de acuerdo al último censo-el 7,1% de la población que se reconoce indígena. Se trata de 45.375 personas sobre un total de 638.645 habitantes. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%.  No obstante cabe advertir que la participación de descendientes de pueblos originarios es muy superior, o sea que los censos poblacionales subregistran la realidad. La Universidad tiene, al día de hoy, 575 estudiantes cuyos apellidos pertenecen a pueblos originarios o se autoperciben como pertenecientes a los mismos, cantidad que representa apenas el 5,7 % del total de su matrícula, lo cual nos preocupa mucho.

Más allá de los esfuerzos individuales realizados por nuestra institución y otras universidades estatales, resulta crecientemente evidente que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior (LES).

En ese contexto, hemos emprendido múltiples iniciativas: desde el Programa Línea Sur, que tuvo como principal objetivo el acceso a la educación universitaria de poblaciones de pueblos originarios rionegrinos y otros grupos subrepresentados; el Programa de Extensión En Boca de Todos, que atiende la salud bucal de la población de los más lejanos parajes de la meseta rionegrina; hasta la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y la implementación de cursos y proyectos de voluntariado que tiene como finalidad aportar al desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región. En la misma línea, la UNRN consolidó su programa de Becas -destinadas al estudiantado de carreras de grado de ciclo corto o largo en situación de vulnerabilidad socioeconómica- con una línea específica para becas para estudiantes provenientes de pueblos originarios. Desde el año 2015 hasta la fecha ha otorgado 23 becas.

En paralelo y a partir de este año, la UNRN implementó un cupo protegido para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios en aquellas carreras con numerus clausus. De esta manera se pretende implementar una política de índole reparatoria y de acción afirmativa en una provincia y región con una importante proporción de la población descendiente de pueblos originarios.

Más allá de los esfuerzos individuales realizados por nuestra institución y otras universidades estatales, resulta crecientemente evidente que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior (LES). Es necesario que la LES fomente que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de nuestro país, tal como lo recomendó la CRES reunida en Cartagena de Indias en 2008 y lo reiteró la CRES reunida en Córdoba en 2018. De este modo, la LES podría servir de base para el diseño de políticas y programas específicos, deliberadamente orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades.

La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

1 COMENTARIO

  1. La educación intercultural es para toda la población, porque supone convivencia respetuosa entre personas y comunidades que reconocen sus diferencias en un diálogo sin prejuicios ni exclusiones. Entonces, no es necesario marcar o remarcar como título indispensable a pueblos o comunidades. Menos agregar “Para Pueblos indígenas”. Así: Universidad Nacional Intercultural para Pueblos Indígenas. Visto de esta forma es discriminante y racista o simplemente es anticonstitucional:
    a- Artículo 16 de la C.N: -La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas….
    b-De la. Ley 23302 S/ apoyo a las comunidades aborígenes- “Su único reclamo era que se reconociera a los pueblos originarios como parte constitutiva del pueblo argentino, que se ampliaran y efectivizaran sus derechos, su identidad y la organización territorial”.
    c- Asimismo la Ley 26206 de Educación Nacional establece en el artículo 3 que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico – social de la Nación.
    Nuestra Constitución Nacional no permite discriminación ni racismo, que, si actualmente está ocurriendo es porque hay un acto de ilegalidad, criminal, encubierta por el poder del Estado argentino con aval del juez; que, al reclamo de una falta de educación, responde que no está tipificado en el código penal. Es decir que hay gente que está haciendo dinero y ganando poder; contaminado con plomo, sustancias químicas peligrosas, negando hospitales, redoblando las divisiones, aparentando o difamando que los pueblos son analfabetos o primitivos. Y no tienen educación completa, como educación inicial, ni educación universitaria nacional. -libre independiente y laica.
    Por el Art. 30 de la Ley 26.061 DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS niñas, niños, adolescentes ponga en conocimiento de la existencia. de pueblos o comunidades vulneradas en el derecho de tener una Universidad Nacional- libre, independiente y laica. Solicito, llevar a práctica el Art. 31 de la misma ley 26061, creando nuevas universidades cerca de los pueblos vulnerados o en concentración de dichas comunidades .La educación universitaria nacional es un derecho social e individual

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