Con la aprobación de la Legislatura, la Provincia se suma a la Ley 27.621, que establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.
La iniciativa tuvo como impulsora a la legisladora Sara García. Postula al Ministerio de Educación de la Provincia, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, como las autoridades de aplicación de la norma en el ámbito provincial.
De esa manera, ambas carteras serán las encargadas de definir e implementar las acciones de educación y gestión ambiental.
Esto deberá ser en concordancia con las disposiciones de la Ley de Política Ambiental de la Provincia, en el ámbito de la educación formal, no formal e informal.
“Como docente y legisladora, me alegra colaborar a sumar contenidos centrales a la currícula de nuestros estudiantes, lo cual implica ampliar los horizontes del derecho a la educación en nuestra provincia”, expresó la legisladora García, presidenta de la Comisión de Educación.
Además, expresó: “Debe ser un proceso regular y continuo, comenzando a temprana edad para poder formar ciudadanos ambientales responsables”.
Educación ambiental integral: comité para la Coordinación Ejecutiva
La ley sancionada por la Unicameral establece la creación del Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral.
De este participarán miembros de los equipos técnicos de las autoridades de aplicación con las funciones de promover las estrategias y el desarrollo de la educación ambiental. También debe elaborar y diseñar políticas y acciones en la materia.
Por su parte, la legisladora Nadia Fernández consideró que “esta adhesión fortalece la arquitectura legislativa en materia ambiental, estamos hablando de una ley ambiental integral”.
La presidenta de la Comisión de Ambiente consideró que “cuando se trata de la reducción de emisiones y de la transición energética, necesitamos avanzar y ponernos de acuerdo en una agenda común, esto es una muestra, más allá de los matices y opiniones vamos en ese camino”.