Legislador propone poner topes a aumentos de los aranceles en las escuelas

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El legislador provincial Dante Rossi (UCR) presentó un proyecto de ley que busca limitar el aumento de los aranceles en las escuelas públicas de gestión privada.

La iniciativa establece como tope máximo de aumento de estos aranceles el valor fijado de inflación en el período noviembre/2022 y noviembre/2023 que dispone para la Provincia de Córdoba la Dirección General de Estadísticas y Censos, para todos aquellos establecimientos que “reciban la contribución del Estado provincial en concepto de aportes determinada por el artículo 58 de la Ley 5326, que se liquiden en un porcentual superior al 90 % de lo que dispone el artículo 62 de la ley citada con sus modificaciones. Mientras que para los colegios donde se liquide un porcentual inferior al 90 %, el tope máximo es el de la inflación con un 20 % adicional”.

Topes a aumentos de los aranceles en las escuelas

El proyecto señala que “si el subsidio por cada docente (que recibe el instituto) es superior al 90%, el incremento no debiera superar la inflación interanual (noviembre 2022-noviembre 2023); y si es inferior al 90%, la suba autorizada debería ser la inflación de los doce meses citados más un 20%”.

Además, determina como valor máximo de la inscripción o matrícula para el período 2024 el establecido como cuota del mes de octubre del corriente año.

Cabe rescatar que en febrero de este año se suscribió un acuerdo entre los Ministerios de Educación y Economía de la Nación con la Cámara Argentina de Institutos Privados (CAIEP), la Junta Coordinadora de Asociación de la Enseñanza Privada de la República Argentina (COORDIEP) y el Consejo Superior de la Educación Católica (CONSUDEC), estableciendo topes a los aumentos de los colegios privados. Córdoba no adhirió, como si lo hicieron 17 administraciones provinciales.

Palabras del legislador

El legislador Rossi explicó que “la Dirección de Institutos Privados (DIPE) autoriza en febrero de cada año, y lo puede revisar, aumentos de acuerdo a los gastos que acreditan las instituciones educativas de gestión privada. El control es casi nulo, y se aprueba casi a libro cerrado lo que exponen las instituciones”.

Detalla que “la ley 5326, con sus modificaciones, establece una contribución del Estado mínima por cada docente, docente auxiliar y directivo que trabaje en la institución, del 45 % de la remuneración de cada uno de ellos. En la práctica, en más del 90 % de las escuelas privadas de Córdoba ese aporte es del 100%”.

Dijo también que “no pueden atarse los aumentos a la paritaria docente, pues es el Estado el que cubre la casi totalidad de la masa salarial de los educadores de los colegios privados”.

Fuente: enredacción

Foto: Punto a Punto

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