Escribe: Esp. Gonzalo Páez (Lic. en Ciencias Políticas y Especialista en Ingeniería Gerencial. Docente de la Catedra de Partidos Políticos y Sistema Electorales-UNVM-).
Las universidades públicas recurren a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
El pasado 22 de octubre, en una reunión del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se resolvió por unanimidad que las universidades públicas del país recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N.º 27.795).
El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una sesión extraordinaria en la que el CIN acordó reclamar el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano, con el respaldo unánime de todas las universidades nacionales presentes.
Recordemos que el Poder Ejecutivo Nacional decidió promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspender su aplicación, lo que motivó la decisión del CIN de acudir a la Justicia para exigir su cumplimiento.
La norma había sido aprobada por el Congreso de la Nación en agosto pasado, tras obtener un amplio consenso en ambas cámaras. Establece un mecanismo de actualización presupuestaria que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas en todo el país. Además, su aplicación no compromete las cuentas fiscales, dado que define de manera precisa el origen de los recursos, afectando solo un pequeño porcentaje del PBI.
Sin embargo, el Presidente de la Nación vetó la ley, decisión que fue revertida el 2 de octubre, cuando la oposición logró los votos necesarios en el Congreso para ratificar la norma y mantener su vigencia.
Junto a la acción judicial, las y los representantes del sistema universitario resolvieron solicitar al Congreso Nacional la aprobación del presupuesto 2026, contemplando como base los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Una crisis que se profundiza en el sistema universitario
Durante los últimos dos años, las universidades nacionales enfrentan graves dificultades derivadas de la reducción presupuestaria y del congelamiento de los haberes. La Universidad Nacional de Villa María (UNVM) no escapa a esta realidad, y diariamente sus distintos claustros deben afrontar múltiples problemas que afectan el normal desarrollo académico e institucional.
En el claustro estudiantil, se observa una reducción en la cantidad de becas y el congelamiento de los montos, lo que dificulta la permanencia de muchos jóvenes en el sistema, especialmente aquellos provenientes de sectores más vulnerables. La restricción del uso del boleto educativo únicamente a los días de cursado, sumada a las demoras en su entrega, también limita la participación estudiantil en actividades extracurriculares, de extensión e investigación.
En cuanto al personal docente y no docente, la situación es alarmante. Según el Cuarto Informe sobre la Situación del Sistema Universitario Nacional (FEDUN – CIICTI, septiembre 2025), en los últimos 22 meses el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 233,2%, mientras que los salarios universitarios aumentaron apenas un 134,2%. Esto implica una pérdida del 29,7% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023. El nivel salarial actual se ubica por debajo del registrado en 2002, con una caída de casi 40 puntos respecto al máximo alcanzado en 2011.
El informe también advierte sobre la grave crisis del sistema científico-tecnológico: el financiamiento de la Función Ciencia y Técnica caería al 0,149% del PBI en 2026, el nivel más bajo desde 1972. El CONICET perdió un 32,3% real de su presupuesto en los últimos dos años; la masa salarial del sistema científico cayó un 31,8% real, y la inversión en insumos, becas y equipamiento se redujo entre un 21% y un 63%, dejando al sistema prácticamente limitado al pago de sueldos ya deteriorados. A esto se suma la demora en la ejecución de los PICT 2022, la falta de evaluación de la convocatoria 2023 y la suspensión parcial de la obra social en varios puntos del país.
Consecuencias humanas y sociales
Estas condiciones tienen fuertes repercusiones en la vida universitaria: muchos estudiantes se ven obligados a abandonar sus estudios para trabajar, y numerosos docentes, no docentes e investigadores buscan empleos adicionales o incluso consideran emigrar a países vecinos en busca de mejores oportunidades. Los ingresos actuales, en muchos casos, colocan a los trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza, dificultando el desarrollo de tareas académicas y de investigación.
El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo reviste una gravedad institucional sin precedentes en las últimas décadas democráticas. La legitimidad electoral no habilita a ningún poder del Estado a incumplir una ley vigente. Esta norma fue debatida y aprobada con amplio respaldo parlamentario, incluyendo una mayoría de legisladores de la oposición que fueron elegidos por el voto popular para cumplir su función de control y garantizar el equilibrio republicano.
Una reflexión necesaria
El presidente Javier Milei afirmó que en treinta años Argentina podría “ser Alemania”. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que los países que lograron desarrollarse apostaron decididamente a la educación, la ciencia y la tecnología.
El ataque constante a las instituciones universitarias y científicas solo conduce al subdesarrollo, la fuga de talentos y la precarización económica.
Como sociedad, debemos rediscutir qué modelo de país queremos construir: una nación fragmentada, donde solo quienes tienen recursos acceden a la educación, o una comunidad donde la educación pública sea el pilar del desarrollo humano, social y productivo, articulada a un proyecto nacional soberano y sostenible en el tiempo.
Foto principal: Área de Comunicación (UNVM).