Se debate en el Congreso una iniciativa de declarar a la educación como “servicio esencial” y así recortar la protesta social. Legisladores del radicalismo, y otras fuerzas menores, acompañarían la iniciativa.
Desde UEPC San Martín y ADIUVIM se expresaron en disonancia con esta posibilidad que da vueltas por los pasillos parlamentarios desde comienzo de año y fundamentaron su oposición.
Educación como servicio esencial: “siempre la Justicia argumentó a nuestro favor”
Lorena Zamora, secretaria general de UEPC, señaló que “esto no es nuevo. Ya se lo intento hacer en los ´90, en el 2001-2002, después con (Mauricio) Macri…, hubo varios intentos que la UEPC, como parte de CTERA; siempre hemos estado en la línea que no es un servicio esencial por varios argumentos”.
Y explicó: “Entre ellos porque no es como se dice que los estudiantes que pierden días de clases no aprenden, no es real. Los convenios con la OIT lo dicen: en ningún lado la educación es servicio esencial. Siempre CTERA hizo las presentaciones legales y siempre la Justicia argumentó a nuestro favor, de acuerdo a nuestra Constitución y leyes internacionales. Este año la Justicia volvió a fallar a favor”.
Educación como servicio esencial: “un grave ataque a los derechos fundamentales”
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM) expresó su “rotundo rechazo a la propuesta legislativa que busca declarar la educación como servicio esencial y, en consecuencia, limitar el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores docentes”. En ese sentido, expresó su “preocupación y rechazo ante las iniciativas impulsadas por la Unión Cívica Radical (UCR) que incluyen en el articulado la noción de “despido con causa” para quienes participen en protestas sindicales”.
Para ADIUVIM “esta normativa constituye un grave ataque a los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores y una clara violación de la libertad sindical. La protesta es un derecho inherente a la condición de trabajador/a y una herramienta legítima para defender nuestros intereses”.
¿Inconstitucional?
Para el gremio de los docentes e investigadores de la UNVM, la propuesta legislativa de la UCR “atenta contra la libertad sindical y resulta inconstitucional e ilegal” y detalla las normativas que amparan este derecho:
Viola el derecho a huelga: La Ley N.º de Contrato de Trabajo ampara el derecho a huelga en sus artículos 243, 244 (especialmente) y 245.
Atenta contra las libertades sindicales: La Ley N.º 23.551 de Asociaciones Sindicales protege a los trabajadores y trabajadoras contra represalias por su participación en actividades sindicales, incluyendo la huelga.
Desconoce los derechos docentes: La Ley N.º 10.579 (Estatuto del Docente) y la Ley N.º 13.688 garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos y la participación gremial del personal docente.
Ya fue declarada inconstitucional: La pretensión de declarar la educación como servicio esencial ya formaba parte del DNU del presidente Milei, el cual fue declarado inconstitucional por la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha establecido que la educación no es un servicio esencial a los efectos del ejercicio de este derecho.