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La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Gobierno Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo. Esto es, ni más ni menos, que lo obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles y otros programas.
El tribunal calificó de “poco serios” a los argumentos presentados por los funcionarios de Javier MIlei, en particular al que rechazaba el cumplimiento de la ley porque su texto no mencionaba las fuentes de financiamiento para solventar los gastos de Estado.
“Una excelente noticia para la comunidad universitaria del país que valoramos en un contexto extremadamente delicado como atravesamos”, dijo el CIN, en una jornada donde en todo el país, y también en Villa María, se lleva adelante paros en reclamo de equiparación salarial.