El gobierno de Javier Milei prohibió la contratación directa de universidades nacionales. A su vez, ordenó que las propias casas de estudios realicen sus contrataciones mediante los sistemas provistos por el mismo Estado Nacional para fomentar la participación del sector privado.
Se publicó una serie de decretos en el Boletín Oficial, que representan una nueva afrenta del Gobierno Nacional sobre las universidades en el medio de la tumultuosa relación entre ambos.
Milei prohibió contratación directa en universidades
«Para asegurar una gestión pública eficiente de los recursos públicos, el Gobierno Nacional impulsó cuatro decretos que involucran a las universidades públicas y modifican la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado”, informó el gobierno. Y agrega: “Estas decisiones establecen plazos y condiciones para que las casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional.
En un comunicado, además, explica que «el propósito de estas modificaciones es garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, asegurando que todas las instituciones financiadas con fondos públicos se rijan por normas y sistemas unificados. De esta manera, se fomenta la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas, habituales en los monopolios estatales».
Universidades deberán utilizar los sistemas COMPR.AR y CONTRAT.AR
Los primeros dos decretos (1091/2024 y 1092/2024) establecen que las universidades deberán adoptar los sistemas electrónicos referidos a compras y contrataciones, COMPR.AR y CONTRAT.AR. Además, tendrán que utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de sus recursos.
«Este marco legal promueve la digitalización y automatización de los procesos, lo que aumenta la seguridad y reduce los tiempos en la ejecución de transacciones», argumentó el Ministerio de Capital Humano en su comunicado.
El Estado nacional no podrá contratar a las universidades de forma directa
El tercer decreto elimina la posibilidad de que las reparticiones públicas contraten a las universidades de manera directa, salvo cuando se acredite que son el único proveedor disponible. El cuarto decreto publicado es simplemente de carácter operativo.
«Esta decisión es estratégica por su impacto en la promoción del desarrollo de las empresas privadas y el fomento de la competencia», señaló el comunicado de Capital Humano, y precisó que «entre 2022 y 2023, se llevaron a cabo más de 2.000 acuerdos entre las jurisdicciones y las universidades nacionales y/o sus facultades».
«Estos acuerdos abarcan una variedad de finalidades, tales como servicios de consultoría, asistencia técnica, colaboración, investigación y auditoría. La cantidad y diversidad de estos acuerdos evidencian una proliferación irrazonable en el uso de este procedimiento, lo cual contradice su carácter excepcional», argumentó además el Ejecutivo.