A los ocho años, casi seis de cada diez niñas y niños argentinos ya tienen un celular propio. El porcentaje alcanza al 59% de los estudiantes de 3° grado, mientras que otro 23% no posee un dispositivo personal, pero utiliza el de su madre, padre o tutor; solo el 18% no tiene acceso a un teléfono móvil.
Andrea Goldin, investigadora del Laboratorio de Neurociencia, elaboró junto a Martín Nistal y Tomás Besada, un informe para Argentinos por la Educación sobre el impacto del uso del celular en las escuelas.
Seis de cada diez niñas y niños de 8 años tienen celular
El documento analiza los resultados del operativo Aprender 2024, referidos a una muestra nacional de alumnos de 3° grado, y revisa la evidencia internacional sobre las restricciones al uso de celulares en las escuelas.
El acceso a los dispositivos es alto en todo el país, aunque presenta diferencias entre provincias y sectores sociales. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de 3° grado tiene celular propio. En Misiones y Formosa, en cambio, la proporción ronda el 40%.
También existe una brecha socioeconómica: cuenta con un teléfono personal el 63% de los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos, frente al 52% de los chicos del quintil más bajo. En la escuela secundaria, la tenencia es todavía más extendida y alcanza al 90% de estudiantes, según los datos de Aprender 2023.
Contextos
La expansión del acceso a los celulares y la preocupación por sus posibles efectos sobre la atención, el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes impulsaron regulaciones cada vez más estrictas en numerosos sistemas educativos. Según datos de la Unesco citados en el informe, la proporción de países que implementaron algún tipo de restricción formal pasó de menos de una cuarta parte en 2023 a cerca del 60% en 2026.
Sin embargo, las investigaciones disponibles no muestran que prohibir los dispositivos produzca, por sí solo, una mejora generalizada de los aprendizajes, advierten los autores. Algunos estudios registran avances moderados en el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes de bajo desempeño o provenientes de sectores vulnerables. Otros no encuentran cambios significativos, incluso cuando las restricciones son estrictas.
La conclusión más consistente, según los estudios analizados en el informe, es que las prohibiciones reducen el tiempo de uso y las distracciones dentro del aula. Las políticas que impiden acceder al teléfono durante toda la jornada escolar consiguen disminuciones más importantes, pero esos cambios no siempre se traducen en mejores resultados académicos.
La evidencia también es ambigua con respecto a la convivencia y el bienestar. Algunas investigaciones encuentran una reducción de situaciones de bullying, mientras que otras no detectan efectos relevantes sobre el clima escolar.
Registros
Las respuestas adoptadas a nivel internacional son diversas. Francia, Países Bajos y Chile establecieron restricciones generales, mientras que Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso de dispositivos únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. En el Reino Unido, en cambio, cada escuela puede definir sus propias reglas. En general, las limitaciones son más estrictas en los niveles inicial y primario.
En Argentina no existe una normativa nacional unificada. Al menos 11 de las 24 jurisdicciones avanzaron con leyes, resoluciones o protocolos, mientras que las restantes todavía no cuentan con marcos regulatorios definidos.
La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa establecieron limitaciones amplias en los niveles inicial y primario. La provincia de Buenos Aires restringió el uso en la primaria, mientras que Mendoza lo autoriza para actividades pedagógicas bajo supervisión docente. Salta y Tucumán, por su parte, permiten que las normas se adapten a las características de cada institución.