Adriana Baravalle asumió al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. El arribo de esta docente de la Universidad Austral (UA) se produce en medio del conflicto con el sistema científico en materia presupuestaria, más la no renovación de las becas a una cantidad importantes de científicos y científicas.
A su vez, este nombramiento, develó gruesos cuestionamientos sobre un doctorado obtenido por Baravalle, y que el Gobierno consignó en su perfil oficial, en la American Andragogy University, situada en Honolulu (Hawái).
La polémica formación de la nueva secretaria de Ciencia y Tecnología
Esta docente de la UA, que dirige además el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de esa casa de estudios, se la presentó como magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, doctoranda en Ingeniería y analista de Sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).
En la grilla oficial distribuida a los medios, figura un doctorado en Inteligencia Artificial ni se precisa dónde cursa el doctorado. En su perfil de LinkedIn, en cambio, Baravalle se presenta como PhD in Artificial Intelligence, aunque tampoco identifica la universidad.
La referencia al doctorado fue incluida en el comunicado de prensa, donde se mencionó a la American Andragogy University, una institución con modalidad a distancia y domicilio en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Según la información recopilada, la entidad no estaba acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación estadounidense.
En la oferta académica de la American Andragogy University figuraban 15 programas en su School of Engineering, pero no aparecía un doctorado específico en inteligencia artificial. El programa más cercano era el Doctorate in Computer Science.
La formación académica de Baravalle
El dato generó cuestionamientos en redes sociales debido a los antecedentes de la institución. En 2009, el estado de Hawái demandó a la universidad a través de su Oficina de Protección al Consumidor.
La presentación sostuvo que la institución nunca había estado acreditada, que no contaba con una oficina en el estado y que tampoco tenía los 25 alumnos inscriptos que exigía la legislación local para instituciones no acreditadas.
El proceso judicial terminó con una prohibición permanente y el pago de una multa. La institución también acumuló cuestionamientos en otros países. En Panamá, la Procuraduría General investigó a docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí que habían utilizado diplomas de esa entidad para ascender y mejorar sus salarios. En Colombia, el Ministerio de Educación denegó la convalidación a 32 egresados.
Fuente: Propias y Letra P.