Escribe: Sonia Oddino (Docente. Secretaria de Educación de la Organización de Trabajadores Radicales. Integra la comisión Directiva de la Asociación de Jubilados de la Argentina)
En tiempos de ajuste fiscal, la educación es entendida como gasto y no como inversión, experimentando una fuerte tendencia hacia la limitación de recursos económicos, que afecta a todos los niveles del sistema educativo. Esto compromete el futuro de niños, adolescentes y adultos, situación que pareciera no preocupar a gobernantes nacionales, provinciales y municipales.
Admitida así la educación no es rentable, por eso decimos que se la concibe como un gasto, desconociéndose la rica historia de la educación pública de nuestro país, cuando, en 1884 se promulgaba la Ley 1420 que establecía una escuela común, gratuita y obligatoria. En este contexto histórico se creaban escuelas cercanas a la población, destinadas a alfabetizar a los sectores populares.
Cuando se entiende que la educación es un gasto y, en consecuencia, no importa limitar los recursos financieros, se profundiza la inequidad y las desigualdades sociales se agudizan. Así se niegan las oportunidades que pueden emerger en los sectores populares, puesto que, en este contexto, la escuela y más aún la universidad, sólo es alcanzable para algunos.
Los educadores tampoco son reconocidos. Magros salarios precarizan lo que se entiende como un mero servicio. Se desconoce el verdadero sentido de la educación y, por ende, la función profesional docente, transmitiéndose a la sociedad un mensaje descalificatorio y excluyente. La precarización a la que llevan los bajos salarios despersonaliza a los docentes, obligados a trabajo extra, invisibilizado, desconocido por el Estado.
Considerar a la educación en términos de “servicio estratégico esencial”, atado sin dudas al ajuste fiscal y el consecuente desfinanciamiento de la educación, cercena el derecho de los docentes a reclamar por su salario y condiciones de trabajo digno, resultando absolutamente limitante de los derechos laborales de los educadores. La propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y apoyada por varios gobernadores, transforma a la educación pública argentina en un “servicio estratégico esencial” para los ciclos obligatorios de escolaridad.
Al mismo tiempo sostiene que es un derecho humano fundamental, pero limita el propio derecho de los educadores a sus reclamos por condiciones de trabajo y salarios. Esta situación, que no resiste análisis para calificarla como contradictoria, lleva a un interrogante muy simple ¿qué son los derechos humanos y para quiénes?
En la Provincia de Córdoba se asiste a una paulatina pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Salarios cada vez más magros, una obra social que deja, especialmente en el interior provincial, a muchos docentes sin el servicio médico adecuado y un Gobierno que, según lo que se muestra, no escatima esfuerzos para asociarse a la propuesta de Reforma Laboral del Gobierno Nacional. Sin dudas que este supuesto no tiene otra motivación que limitar, como ya se señaló, los conflictos colectivos emergentes de una situación económica insostenible, que puedan “alterar” el servicio educativo.
No se niega el derecho a la educación de la población, pero sin olvidar el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional, en especial cuando establece que “el trabajo, en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador; condiciones dignas y equitativas de labor… retribución justa…”, condiciones estas, entre otras, que dignifican el trabajo docente, jerarquizan su labor y evitan la precarización de su trabajo.
La Unión Cívica Radical tiene, en su historia, un compromiso con la educación pública en particular y con los trabajadores en general, por lo tanto, resulta inconcebible que un grupo de diputados presente un proyecto que dice ser alternativo al presentado por la Nación, pero en el que no se advierten diferencias, mostrando en realidad similitudes más que avances sobre la temática.
Ilustración: Pablo Balboa