En el primer día de clases una docente no vacunada fue “invitada” por la Policía a retirarse del CENMA 96. El hecho no tiene precedentes dentro del sistema educativo.
Esa primera jornada de dictado de clases terminó convirtiéndose en una suerte de madeja de enredos.
Hoy por hoy la docente no vacunada, que forma parte de los cuerpos orgánicos de la UEPC, pidió carpeta médica por 30 días.
Docente no vacunada
La docente en cuestión, N.T., pretendió ingresar al aula en el edificio de calle Santa Fe y no se le permitió.
El protocolo vigente exige que los agentes públicos provinciales que no se hayan vacunado deben presentar, al menos, un hisopado negativo. N. no estaba munida de los resultados de un test de esas características. Sólo presentó un Certificado Médico, sin membrete, de un profesional médico villamariense que avalaba el hecho de “no vacunarse ni hisoparse”.
Y allí comienza un raid de consultas entre la directora Mirta Abregú y sus superiores de Nivel. La supervisora de la Regional de Jóvenes y Adultos Eugenia Ponce, al recibir la novedad, se apersona en la escuela y presencia la intransigencia de la docente de no querer retirarse del lugar.
Cuando el clima ya había roto los lazos que suelen vivirse ante cada comienzo de clases, subía la ansiedad de los protagonistas: directora, secretaria, otros docentes, la supervisión y la educadora no vacunada.
Ponce, frente a ese panorama, consulta a sus superiores mediatos, y no puede comunicarse ya que esos funcionarios se encontraban en un acto de comienzo de clases con sus teléfonos celulares apagados.
“Invitada” por la Policía
Ponce, al no poder entablar un diálogo con sus superiores, consulta a la Asesoría Jurídica de la Dirección de Nivel quienes le indican que proceda a llamar a la fuerza pública. Al menos, suena grandilocuente, innecesario.
No sólo que la Policía está para intervenir en casos de violencia física sino que este precedente no se lo registra en otras oportunidades frente a casos de neto corte administrativo.
Las protagonistas del hecho sucedido aún no quieren hacer declaraciones. La directora Abregú, como su superior, Eugenia Ponce, agradecieron el contacto de Villa María Educativa pero optaron por no referirse públicamente sobre el tema.
Este portal tiene acordado una charla con la docente no vacunada N.T. para las próximas horas. Idéntica situación vive esta educadora en el Instituto Bernardino Rivadavia donde tampoco se le permite impartir clases.
“Lo menos que hice fue agarrarme la cabeza cuando me enteré”
“Cuando abrimos los teléfonos nos encontramos que había una llamada de la Inspección de Zona que tenía por destino consultar qué se hacía frente a la situación que se estaba planteando” dijo el Supervisor General de Jóvenes y Adultos Sergio Cornatosky.
El funcionario repite ante Villa María Educativa la existencia de la Resolución 78 de la Secretaria General del gobierno de Córdoba que establece que aquellos agentes que deciden no vacunarse deben presentarse a trabajar con un test negativo de Covid y actualizarlo cada siete días. “Aquel que no lo hiciera debía impedírsele el ingreso a su lugar de trabajo y cargarle ausentismo”, explicó Cornatosky.
La docente no vacunada venía de firmar “en disconformidad” los alcances de esta resolución. “Esta docente presenta un certificado donde no sólo se convalida por parte de un médico la postura de no vacunarse sino también la de no hisoparse”, relata el supervisor.
Para este funcionario los argumentos de este certificado “son bastante discutibles para quienes tenemos la perspectiva de que la vacuna ha sido el freno para esta pandemia”.
El tenor de las palabras de Cornatosky, cambian de plano a la hora de referirse al hecho de la presencia de la Policía en dependencias escolares.
“Lo menos que hice fue agarrarme la cabeza cuando me enteré”, esgrime. Consultado sobre cómo recibió esta suerte de acción intimidatoria hacia la privacidad del ámbito escolar subrayó: “Me puse mal, muy apesadumbrado. Nosotros nunca en esta modalidad hemos permitido el ingreso de la Policía si no es con una orden judicial”.
De hecho, originado este suceso, se acordó enviar desde el Ministerio a todos los inspectores de la provincia una comunicación en la cual se hacía hincapié que “hechos como estos no debían volver a suceder”.
¿Vacío legal?
¿Qué tarea cumpliría un o una docente no vacunada al ingresar a su lugar de trabajo ya que la vacunación no es obligatoria? ¿Hay vacío legal frente a situaciones similares a la ocurrida en Villa María?
Cornatosky explicó: “Ante de impedirle el ingreso, dejarlos entrar, mantenerlo alejado del resto. Si se percibe que continúa con su criterio antivacuna y antihisopado, dar cuenta de ello en un acta y avisar a la superioridad para que nosotros lo analicemos en el plano del ministerio y no hacer esto que tanta indignación nos generó”.
Lo que llama la atención es que existen otros casos muy similares avalados con certificados que provienen del mismo médico, detalló también el supervisor general.
“Ya hemos puesto en conocimiento del departamento jurídico esos certificados ya que carecen de algunas formalidades”, dijo. Agregó: “Hemos pedido también que sea una Junta Médica quien evalúe la opinión de ese médico y el consejo que se le da a esos docentes”.
También Cornatosky asevera que la Resolución 78 es una “herramienta incompleta que no da mucho más elementos que hace que actúe de un modo en el que no queremos que se actúe”.