A casi dos años de la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, una de las deudas sigue siendo la reglamentación de los Entornos Escolares Saludables. Estos dependen de las jurisdicciones y sólo siete provincias adhirieron a la reglamentación nacional.
Los datos surgen del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, una herramienta desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar.
Según los datos del relevamiento, hay un avance del 63,3% de los aspectos normativos necesarios para su implementación, aunque sólo siete provincias adhirieron, esto impacta fundamentalmente en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en las compras públicas de cada jurisdicción.
¿Cómo impacta la ley de etiquetado frontal en las escuelas?
La resolución del Consejo Federal de Educación, en el marco de la ley, estableció una división de responsabilidades y competencias entre el Estado Nacional y las jurisdicciones para la reglamentación y aplicación de este componente de la ley.
Por un lado, respecto a contenidos curriculares de educación inicial, primaria y secundaria, así como lo referido a formación del personal docente, queda bajo la órbita del Consejo de Actualización Curricular y del Instituto Nacional de Formación Docente. De este modo, se garantiza un piso mínimo e igualitario en la educación alimentaria nutricional de todo el país.
Mientras que los Entornos Escolares Saludables deben ser reglamentados por cada jurisdicción, teniendo como piso mínimo los lineamientos de la ley nacional. Y es acá donde sigue siendo una deuda y la falta de regulación local hace peligrar la implementación.
Entornos Escolares Saludables
La abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, explicó a Télam que «lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas». Sólo siete provincias adhirieron a la ley. Córdoba todavía no se pronunció.
Cuatro provincias (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación, pero no respecto a componentes principales de la ley.
Esto quiere decir que de las siete que avanzaron, ninguna dictó normas complementarias que garanticen escuelas libres de sellos ni normas que detallen cómo, desde las compras públicas, se garantizará una mejora de la calidad alimentaria.
«Esto no quiere decir que en las provincias no se implementa nada de la ley, porque hayan adherido o no es obligatoria y todas las provincias tienen la cobertura de las competencias nacionales que son más del 60% de las normas necesarias para cumplirla», sostuvo Fons.
«Entornos escolares saludables es muy amplio y abarca el ingreso de productos con sellos ya sea en kioscos, cantinas y comedores escolares; y esto se vincula con compras públicas, que tiene una política más flexible respecto de lo que se puede comprar», señaló la abogada de Fundeps.
Y señaló que «en ese sentido, son muchos los actores provinciales que intervienen, por ejemplo, deberían tomar el tema los ministerios de educación de las provincias, que muchas veces tienen otras preocupaciones y prioridades, y otros organismos que no tienen como prioridad la salud pública».
Para que el “cambio sea integral”
Fons recordó que «entornos escolares saludables y compras públicas son las dos patas más sociales de la ley porque en general estamos hablando de niñeces y de personas que comen en comedores».
«Son dos aspectos fundamentales para que la ley no quede sólo en el etiquetado frontal que, si bien es fundamental, necesita de las otras patas para que el cambio sea integral y no sea sólo un derecho de quien puede ir a comprar y elegir lo que tiene menos sellos en el supermercado», advirtió.