 acordó, por unanimidad, recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795)){kind=link}
Tras una reunión extraordinaria, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó, por unanimidad, recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El cónclave tuvo lugar en la UBA y, en este sentido, el propio CIN, por el poder firmado por cada uno de los rectores y rectoras, representará a casi 70 universidades que están de acuerdo en transitar el reclamo judicial.
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó el presidente del CIN Oscar Alpa para resumir el acuerdo.
Presupuesto universitario: “Es grave para la institucionalidad democrática del país”
Lo que ya se ventilaba por los pasillos de la política educativa doméstica, fue ratificada después de la reunión mantenida en esta jornada. “Un decreto no puede suspender una ley”, completó el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.
“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.
Contexto
El presidente de la Nación vetó la norma aprobada originalmente en agosto y el 2 de octubre la oposición logró ratificarla. El 21 de octubre fue promulgada, con la publicación en el Boletín Oficial, pero suspendida.
“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, cerró Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.