“Educación como servicio estratégico esencial”: amplio rechazo en referentes de la docencia en Villa María

Durante toda esta jornada se escucharon voces en contra del proyecto de declarar a la “educación como servicio estratégico esencial”. Por estas horas, la Cámara de Diputados se apresta a tratar la iniciativa, respaldada por LLA, el PRO y una fracción de la UCR.

Rosana Mosquera y Lorena Zamora, dos referentes de la lucha docente en Villa María, enfatizaron sus argumentos en relación a la significación que esta afrenta haría en los derechos laborales de las y los docentes.

Educación como servicio estratégico esencial: “Un tremendo golpe”

De ser aprobado en ambas cámaras, modificaría el artículo 3° de la Ley de Educación Nacional (LEN) para imponer un «Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias» durante los paros docentes en Argentina.

Para Mosquera, que integra la Pluricolor dentro de la vida sindical de la UEPC y actualmente es delegada a la asamblea provincial, “es una más de las brutalidades que venimos sufriendo del gobierno y del presidente que tenemos”. Agrega: “Pero no solamente de ellos, también de los cómplices que tiene este gobierno. Sólo no se puede (avanzar), esto va a ser un tremendo golpe a los derechos conquistados en las calles con sangre, sudor y lágrimas. No sólo viene a recortar derechos, sino que este pueblo argentino, que tiene tan poca memoria, y que nos llevaron a estar como estamos, no ha tomado conciencia, y que deberá comenzar a pagar por educación, este es el camino a la destrucción de la educación pública”.  

Educación como servicio estratégico esencial: “Es un derecho social”

La propuesta establecerá que los colegios mantengan un porcentaje mínimo de personal en caso de paros: 30% en huelgas de entre 1 y 2 días y 50% en paros más prolongados y estipula que las direcciones de las escuelas deben informar al inicio del año sobre la nómina de personal afectado por esta medida.

Para la secretaria general de la UEPC San Martín Lorena Zamora estos mecanismos no aparecen como novedosos “ya que pasó en el 2001, 2017 y ahora de nuevo. Siempre nuestro planteo fue que la educación es un derecho social, por lo tanto, el Estado tiene que garantizar que ese derecho se cumpla. Si fuese un servicio, los servicios se pagan…, es algo que se compra. La educación no es algo que se compre”. Y explica: “Si se compra, se le abre las puertas a la mercantilización y a la privatización, con lo cual estás dejando sectores afuera y no incluís a todos y todas. Si el gobierno pretende mejorar la educación, lejos está de declararla servicio esencial, tendría que ver como nos saco el FONID, el Fondo Compensador, programas educativos y la capacitación docente…”.