En su primer día de mandato, el flamante gobernador de San Luis, Claudio Poggi, decretó la intervención de la Universidad de La Punta. El tema ya fue denunciado pública y judicialmente por las autoridades y será la Justicia y CONEAU quienes deban entender sobre la competencia o no del gobierno provincial.
Esa casa de estudios depende de la provincia y el gobierno saliente de Rodríguez Saá había garantizado el acuerdo del Senado provincial para designar a Eugenia Catalfamo como rectora.
El gobernador de San Luis intervino la Universidad de La Punta
El gobernador puntano Claudio Poggi decretó la intervención de la Universidad de La Punta en San Luis. En horas de la tarde de este domingo, envió a un comando de elite de la Policía que ingresó a las instalaciones de la casa de estudios y el personal no docente de guardia avisó a las nuevas autoridades de la universidad.
El pasado 20 de noviembre el Senado provincial votó el acuerdo para que la ex senadora nacional María Eugenia Catalfamo fuese designada rectora. Por esa razón, Catalfamo viajó a Buenos Aires asegurando: «Aberrante y bochornoso, un verdadero retroceso. Los trabajadores y personas que habitan en las residencias de la institución están completamente asustados. Intervino por decreto la Universidad sin dar ningún tipo de motivo de emergencia«.
Las autoridades de la universidad presentaron la denuncia ante la fiscalía de turno.
Los argumentos del Ejecutivo
El gobernador Poggi decidió designar por decreto (por seis meses) como nuevo interventor al doctor en Ciencias Matemáticas Luis Guillermo Quintas, en tanto que María Eugenia Vergés ocupará el cargo de Secretaria General de la casa de estudios y Marcelo Genaro Neme quedó como Secretario Legal y Técnico.
El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto, dejando sin efecto el nombramiento de Catalfamo de parte de la gestión que acaba de dejar el poder. Los tres fueron puestos en funciones por el Escribano General de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.
El decreto explica que la designación de Catalfamo fue irregular desde el momento que ocupa una banca en el Senado de la Nación, cuando el estatuto de la universidad exige dedicación exclusiva al cargo. Además, la senadora nacional no cumple con tres requisitos indispensables, ya que no fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto.