La Ministra de Capital Humano Sandra Petovello firmó una resolución que establece la revisión de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Había sido creada por ley (N° 27730) en base a proyectos presentados por las legisladoras por Córdoba Gabriela Estévez y la riotercerense Gabriela Brower de Koning.
El rector Pablo Yanibelli, en dialogo con Villa María Educativa, mostró su sorpresa, aunque adelantó que, “más allá de esta resolución presentamos en Capital Humano (este martes) el Plan Institucional”. La presentación cuenta con número de trámite al mismo tiempo que emitieron un documento que detallamos debajo de esta crónica.
Por su parte, el intendente de Río Tercero Marcos Ferrer solicitó una reunión con Petovello.
Revisarán la creación de la UN de Río Tercero
Una de las autoras de la creación de la UNRT, la diputada nacional Brower de Koning, emitió un escrito titulado “Acerca de la decisión del gobierno nacional de revisar unilateralmente la ley de creación de la Universidad Nacional de Río Tercero” en donde deja plasmada su posición en contra de la decisión de Sandra Petovello.
“Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”, sostiene.
La legisladora apunta que la Ley 27.730 cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva institución. Enumeró: “Informe de factibilidad, previsión presupuestaria e informe del Consejo Interuniversitario Nacional. La verificación del proceso de creación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y en excepcionalísimos casos, de acuerdo al criterio de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Poder Judicial por cuestiones formales. Nada de eso se corresponde con los argumentos vertidos por la resolución del Ministerio”.
Dardos a Milei
Brower de Koning, en su escrito, además sentencia: “El Presidente no puede decidir incumplir las leyes que no les gustan o dejar sin efecto aquellas leyes que se aprobaron sin su acompañamiento. El flagrante incumplimiento de las leyes que el Congreso le exige cumplir es incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Recuerda, asimismo, que para eliminar una ley y sus efectos el único camino es construir esa mayoría en el Congreso “que hoy no tiene. Con ese argumento muchos derechos pueden quedar en jaque”.
“Esto no nos sorprende ya que se identifica con una visión cargada de preconceptos sobre el rol del estado para garantizar el derecho a la educación. Tenemos que mejorar la calidad educación pública y su alcance a los sectores más vulnerables. Eso no se resuelve vaciando ni desfinanciando. Hoy las universidades no tienen certezas respecto a los recursos con que van a contar este año y los rectores de todo el país lo manifestaron en el posicionamiento del CIN de hace unos días”, puntualiza.
Facultades
El decreto pretende iniciar una revisión del proceso de creación “facultad que solo tiene el Congreso cuando sanciona las leyes de creación de universidades, y además remueve al Rector Normalizador que fue designado hace tan solo tres meses para que pueda viabilizar el proyecto institucional”, expresa.
La legisladora, también, remarca que el Rector Yannibelli “ha desempeñado sus funciones ad honorem”, “ha cumplido estrictamente el mandato legal del Congreso y de la Ley de Educación Superior” y concretado 52 convenios con instituciones locales y regionales y otros en proceso de rubricación.
Impacto en Río Tercero
La legisladora recuerda que esta ley “implicó mucho esfuerzo de los riotercerenses, y es un duro golpe para nuestro anhelo de memoria, verdad y justicia ante los atentados que sufrimos en 1995 en la Fábrica Militar. La ley es una acción de reparación histórica, así lo definieron los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en el Congreso”.
Pide “dar vuelta la página de una vez por todas y no volver a las épocas en donde el estado negaba su responsabilidad en la voladura de la ciudad” y “esperamos la reconsideración de la medida tomada por el gobierno, ya que obstaculiza el proceso de funcionamiento de una institución que va a aportar desarrollo, trabajo y mayor producción a nuestra región”.


