Con distintos frentes abiertos, ante el incumplimiento del Gobierno Nacional de afrontar el el Presupuesto Universitario, rectores avanzan en la Justicia Penal con acciones para embargar los salarios de funcionarios libertarios. La demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público apunta contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Secretario de Educación Carlos Torrendell y el Subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez.
La reseña periodística, que anticipa esta especie, pertenece al sitio Infogremiales, con autoría de Eduardo Porto.
Presupuesto universitario
Según explica el sitio, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó la semana pasada el “incidente de ejecución” como instancia previa a presentar el embargo de los sueldos a los funcionarios responsables. La medida se deriva del incumplimiento manifiesto del gobierno nacional a la ley vigente de Financiamiento Universitario que exige recomponer los fondos que las casas de estudios necesitan para funcionar, pero también de los recursos para el pago de los salarios que representan alrededor del 90% de los fondos totales de las universidades públicas.
Así es que los rectores avanzan en una doble estrategia judicial y social. Con una cuarta Marcha Federal Universitaria anunciada (12 de mayo), la semana pasada presentaron el «incidente de ejecución» días antes de la apelación del gobierno ante la Corte Suprema, por el fallo en segunda instancia de la Justicia a favor del reclamo de las universidades.
Hacia la intimación penal contra los funcionarios libertarios
Según explican fuentes del CIN a este portal, el recurso (un “incidente de ejecución”) paso previo a demandar penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público a los funcionarios del gobierno nacional, con foco en Sandra Pettovello, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez.
Otra alta fuente del CIN, les explicó, que la medida intima al Poder Ejecutivo a dar inmediato cumplimiento de la Ley, “enviando a cada universidad la partida presupuestaria que le corresponde, incrementada del modo que se ordenó en la cautelar”.
La presentación del recurso ordena al Gobierno cumplir la medida «bajo apercibimiento de la fijación de astreintes o de una multa diaria por cada día de retraso (en la transferencia de los fondos); y da parte a la justicia en lo criminal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia, establecido en el artículo 239 del código penal.
Fuente: Infogremiales.