¿Qué evaluaciones estandarizadas precisa el sistema educativo?

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En septiembre de 2022 el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC-UEPC), la Universidad Pedagógica Nacional y el Municipio de Pilar organizaron la Jornada por el Derecho a la Educación.

El panel “¿Qué evaluaciones estandarizadas precisa el sistema educativo?” tuvo como objetivo principal analizar y debatir en torno a los desafíos técnicos y metodológicos que las evaluaciones estandarizadas plantean, a la difusión y a los usos de sus resultados para el desarrollo de políticas públicas.

Desde sus diversos recorridos políticos, institucionales y académicos, Leandro Bottinelli (UNIPE) , Paula Viotti (Min de Educación Nacional) , Samanta Bonelli (CIPPEC) y Lilia Toranzos (OEI) señalaron la necesidad de ponderar qué dicen y qué no dicen los resultados y análisis de las evaluaciones estandarizadas sobre el sistema educativo.

Al mismo tiempo, subrayaron la necesidad de explorar nuevos formatos, metodologías, áreas temáticas y preguntas para dotar de mayor integralidad al sistema de información educativa.

En este sentido, indicaron que es preciso pensar e imaginar los usos pedagógicos que pueden hacerse de los resultados arrojados por las evaluaciones para aprovecharlos en los diferentes niveles de gestión.

Se hizo especial hincapié en el hecho de que el marco de referencia en las evaluaciones estandarizadas son las leyes, regulaciones y decretos que consagran el derecho a la educación como principio rector para la creación y desarrollo de políticas educativas.

En Argentina, ese marco está compuesto por una pirámide normativa cuya cúspide es la Constitución Nacional y a la que le siguen las leyes nacionales y provinciales de educación, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, los decretos y acuerdos internacionales pero también, muy particularmente, los NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios).

Éstos últimos describen cuáles son los conocimientos y capacidades que desarrollan las/os estudiantes en cada nivel, ciclo y año de estudio de la educación obligatoria.

Permiten diagnosticar, pero son miradas parciales del proceso educativo

Las exposiciones compartieron una caracterización sobre las evaluaciones estandarizadas: las identifica como pruebas comunes a todas las escuelas, aplicadas a estudiantes de los últimos años, niveles o ciclos e implementadas desde el nivel central (gobiernos nacionales o provinciales).

Principalmente, miden conocimientos, capacidades y competencias y a veces también aprendizaje escolar (aquellas que específicamente fueron desarrolladas por la escuela).

Asimismo, señalaron que estas evaluaciones ofrecen indicadores cuantitativos, refieren a áreas de conocimiento básico y tienen cuestionarios complementarios para medir aspectos contextuales de esos aprendizajes.

Si bien todas las exposiciones señalaron que las evaluaciones permiten diagnosticar y dimensionar desafíos del sistema educativo tales como las brechas de desigualdad, también hicieron particular hincapié en la mirada parcial que proveen del proceso educativo.

En particular, sostuvieron que es preciso incorporar formas complementarias de evaluación que ofrezcan información sobre dimensiones distintas al desempeño educativo (por ejemplo, las características de las ofertas educativas, la calidad de infraestructura y equipamiento, la formación docente, las trayectorias educativas, la finalización y el egreso, entre otras).

La demanda por pensar la integralidad del sistema de información educativa y restituir la complejidad que le es inherente al proceso educativo hizo eje en los planteos de las y los tres expositores.

La preocupación por pensar los usos pedagógicos que puedan hacerse de los datos fue transversal a todos los planteos en la medida en que, a través de ellos, será posible construir dispositivos que se ajusten a las realidades socioeducativas de las escuelas y permitan garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Institucionalizar una política de evaluación

En algunos puntos señalaron las tensas relaciones que existen entre las evaluaciones estandarizadas y los principios normativos que articulan la justicia social (la redistribución, el reconocimiento de las identidades diversas y la participación en un contexto de mayor democratización).

También existieron planteos más aislados como la necesidad de institucionalizar una política de evaluación capaz de trascender las administraciones de gobierno y garantizar su realización, pautar su frecuencia, discutir la envergadura de su aplicación (censal o muestral) y garantizar que los resultados lleguen y sean apropiados por las escuelas.

Un “puente” entre todas las formas de evaluar

Las y los expositores sostuvieron que, si bien conviven dentro del sistema educativo evaluaciones a gran escala, por un lado, y evaluaciones en el aula, por otro, resulta necesaria la construcción de un “puente” entre estas escalas.

Es decir, un andamiaje para la mejora de las estrategias de evaluación en el aula, pero que también permita hacer generalizaciones a nivel del sistema, manteniendo criterios de rigurosidad.

En este sentido, propusieron apelar a la variedad de modos de evaluar, ya que existen otras formas complementarias a las pruebas estandarizadas que ofrecen información y que se producen regularmente como la evaluación formativa, la autoevaluación institucional, el relevamiento anual.

En cuanto a las pruebas que miden contenidos y aprendizajes, plantearon la necesidad de ampliar el rango de contenidos y habilidades a evaluar y de apelar a la construcción de dispositivos que generen mejores posibilidades.

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