(Escribe: Juan Drovandi)
Soy padre de un niño con discapacidad. Y como tantos otros, aprendí a convivir con trámites interminables, barreras invisibles —y otras muy visibles—, trabas burocráticas, terapias postergadas y un Estado que muchas veces parece mirar para otro lado. Pero lo que nunca imaginé fue tener que pelear, también, contra la negación del derecho más básico: el de ser cuidados, incluidos y respetados.
El veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es solo una decisión administrativa. Es un mensaje político y simbólico. Es decirles a miles de familias que el ajuste vale más que la dignidad. Que los números de un Excel pesan más que las personas.
Es dejar una vez más a la vista la crueldad del individuo que nos gobierna.
Las familias de personas con discapacidad, comprendemos desde el primer minuto que la vida no será fácil, y también sabemos que los terapeutas son nuestra familia ampliada.
La Ley no pedía privilegios, sino garantías. No exigía lujos, sino el cumplimiento de derechos ya consagrados: acceso a prestaciones, pagos a tiempo a los profesionales que sostienen los tratamientos, condiciones mínimas para vivir con dignidad.
Hoy, muchas instituciones que trabajan con personas con discapacidad están en riesgo de cerrar. Muchos profesionales trabajan con aranceles congelados o directamente sin cobrar. Y muchas familias, como la mía, sienten que la red de contención se está deshilachando.
Necesitamos que el Congreso actúe. Que los diputados escuchen a la gente que los votó, y a la que en menos de dos meses les van a tener que volver a pedir el acompañamiento. Que reaccione. Y que entienda que cuando se ajusta a los sectores más vulnerables, no se ordenan las cuentas: se desordena la vida.
La discapacidad no puede esperar. La inclusión no puede esperar.