El ministerio presentó en la 8va. Plenaria del Consejo Económico y Social cuatro proyectos para fortalecer las políticas educativas entre ellos nueva Ley de Financiamiento. Serán debatidos por las ministras y los ministros jurisdiccionales el 4 y 5 de agosto.
La primera es una Ley de Justicia Educativa, una nueva ley de financiamiento educativo para lograr una inversión del 8% de nuestra riqueza, 6% en la educación obligatoria y 2% en educación superior. También presentaron una Ley de Tecnología Educativa, una Ley de Formación y Carrera Docente, y finalmente, una ley que tenemos que deberá construirse de manera colectiva con el sistema universitario, una nueva Ley de Educación Superior.
Educación presentó proyectos
Las y los ministros de las 24 jurisdicciones educativas del país debatirán y consensuarán los proyectos los días 4 y 5 de agosto próximo.
El ministro Nicolás Trotta aseguró: “Estas normas las queremos debatir en el Congreso para poder generar políticas de estado que trasciendan a un gobierno particular, tanto a nivel nacional como en el marco de la agenda educativa en las 24 jurisdicciones”.
Fortalecer políticas educativas
Algunos detalles de los proyectos que pretenden fortalecer las políticas educativas, según el ministerio.
Justicia Educativa: en un país federal con profundas desigualdades, resultan trascendentales las definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo. Regular la inversión educativa comprende definiciones de planificación estratégica en el gobierno que son fundamentales en la construcción de un modelo social más igualitario.
Formación Docente: norma específica que encuadre y otorgue relevancia al carácter sistémico de la formación de las y los docentes; visibilice y establezca la vinculación entre ésta, la organización institucional del trabajo y la carrera docente; y disponga la puesta en funcionamiento de mejores condiciones materiales y simbólicas para el sector.
Tecnología Educativa: orientado a dar respuesta a las desigualdades en el acceso a la conectividad, las computadoras y los recursos digitales que profundizan y cristalizan la injusticia educativa, multiplicando los déficits de oportunidad de las familias más pobres. En este sentido, se propone trabajar en el acceso a la conectividad y a la tecnología en los hogares de las y los estudiantes, como también garantizar el acceso al equipamiento y la infraestructura de las escuelas argentinas y la revisión de las prácticas de enseñanza.
Educación Superior: se la define como un bien público y un derecho humano, personal y social, garantizado por el Estado, siendo responsabilidad del Estado ofrecerla a todas y todos los ciudadanos en condiciones de gratuidad, cercanía y con acceso a becas. El Estado garantizará el acceso a las instituciones estatales de Educación Superior a todos los habitantes de la Nación, así también su gratuidad y financiamiento.