Por Nahúm Mirad, Secretario General de ADIUVIM

La contundencia del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo y la paralización de las universidades nacionales no pueden interpretarse como un conflicto sectorial más. Lo que hoy se expresa en las calles y en las aulas vacías es algo más profundo: el agotamiento social de un modelo económico que ha empujado a millones de argentinos a la mera supervivencia cotidiana.

El fracaso no es una categoría ideológica; es una experiencia concreta. Se percibe en la angustia silenciosa de quien recorre los pasillos del supermercado, en el tarifazo que consume el salario antes de la segunda quincena, en el turismo paralizado, en los comercios que bajan sus persianas, en el deterioro del sistema de salud y en la creciente frustración de trabajadores y sectores medios que sienten cómo se desvanece la promesa de estabilidad.

Se nos aseguró que el ajuste drástico sobre el Estado, la apertura indiscriminada de importaciones y la desregulación irrestricta atraerían inversiones y prosperidad. La realidad exhibe otro paisaje: cientos de miles de puestos de trabajo formales destruidos en dos años; empleos que se evaporan cada día; empresas que cierran; miles de PyMEs que han desaparecido definitivamente. ¿Es esta la modernización que se nos propone bajo el nombre de Reforma Laboral?

Desmantelar el entramado productivo y social de la Argentina no constituye un proyecto de Nación. Es, en rigor, una estrategia de demolición.

En este contexto de vulnerabilidad creciente, el oficialismo impulsa en el Congreso un marco normativo que no moderniza: retrocede. Bajo la semántica de la “actualización” se reedita una lógica conocida desde la década de los noventa: abaratar el despido, flexibilizar condiciones y trasladar riesgos empresariales al trabajador, bajo la premisa —históricamente refutada— de que menos derechos generan más empleo. La experiencia argentina demuestra lo contrario.

Nadie discute que la legislación laboral deba dialogar con transformaciones tecnológicas y nuevas formas de producción. Pero lo que hoy se debate no es una adecuación al siglo XXI, sino una transferencia explícita de ingresos y responsabilidades desde el capital hacia el trabajo.

La letra del proyecto confirma el rumbo.

El denominado “Banco de Horas” diluye la jornada máxima legal. Permite compensar picos de producción con períodos de inactividad, elimina el pago efectivo de horas extras y convierte el tiempo de vida en variable de ajuste. El descanso deja de ser un derecho garantizado para transformarse en una concesión condicionada.

La ficción del “acuerdo individual” habilita pactos uno a uno sobre disponibilidad horaria o fraccionamiento de vacaciones. Invocar la “libertad de las partes” en un escenario de asimetría estructural es, en términos jurídicos, una forma de cinismo. Cuando se destruyen empleos a diario, la negociación individual no es autonomía: es coerción encubierta.

La licuación de la estabilidad —al excluir componentes salariales del cálculo indemnizatorio e introducir fondos de cese que mensualizan el despido— transforma la cesantía en un costo operativo previsible. Se institucionaliza la rotación permanente y se socava la previsibilidad familiar, que es la base misma de cualquier proyecto de vida.

La figura del “colaborador” en plataformas digitales no representa innovación normativa alguna: es la negación de la relación laboral. Es la formalización de la precariedad. Jóvenes que trabajan sin cobertura de salud, sin aportes previsionales y sin red de protección social. Pedalear sin derechos no es emprender: es sobrevivir.

La historia económica argentina ha demostrado reiteradamente que la depresión de ingresos contrae el mercado interno. Un trabajador que percibe salarios de pobreza o que vive bajo amenaza permanente de despido no consume. Y sin consumo, las PyMEs se asfixian por falta de demanda. No existe inversión sostenible en una sociedad empobrecida.

Para quienes defendemos la Universidad Pública, la gravedad del momento adquiere una dimensión adicional.

Por un lado, el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y desoye la voluntad expresada por el Congreso. Frente a una inflación acumulada que pulveriza el poder adquisitivo, se propone una pauta salarial que consolida la pérdida real. El resultado es evidente: docentes y nodocentes convertidos en trabajadores pobres.

Por otro lado, la crisis económica expulsa estudiantes del sistema. Cuando el empleo escasea o se precariza, la educación superior deja de funcionar como el histórico vehículo de movilidad social y se transforma en un privilegio. Las aulas no se vacían por apatía; se vacían por necesidad.

El paro no es una obstrucción; es una advertencia democrática. No estamos discutiendo el futuro en abstracto: estamos intentando evitar una regresión histórica.

Exigimos que el Gobierno cumpla la ley, garantice el financiamiento del sistema universitario y retire definitivamente una reforma que consolida la precarización como norma.

Sin salarios dignos y sin derechos laborales no hay mercado interno, no hay desarrollo posible y no hay estabilidad democrática duradera. Y sin Universidad Pública, sencillamente, no hay proyecto de Nación.