El Gobierno Nacional continúa amagando con la presentación del proyecto oficial de Libertad Educativa, con fuertes cambios en Inicial, Primaria y Secundaria. Mientras eso no ocurre en el Congreso, una decena de ministros, entre ellos aparecería Horacio Ferreyra de Córdoba, avanza otra iniciativa, en el seno del Consejo Federal (CFE), que busca blindar el financiamiento que hace meses Javier Milei no envía.
En el proyecto libertario, el Gobierno define la educación como “el derecho de toda persona, por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos humanos”.
Fue presentado con el informe final del Consejo de Mayo, con foco en la autonomía de las escuelas, el rol de las familias y el monitoreo del Estado. De aprobarse en el Congreso, la iniciativa derogaría la actual Ley de Educación Nacional (26.206) que rige desde 2006.
Al proyecto oficial de Libertad Educativa, le nacería otro para blindar financiamiento
El mendocino Alfredo Cornejo fue quien había presentado el borrador en el Consejo de Mayo, pero sin el aval de las provincias y tampoco con fecha oficial de presentación parlamentario. Actualmente, según dicen desde Capital Humano, ese borrador está en manos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
En forma paralela, otra iniciativa está siendo impulsada y, por el momento, aguardan que se trate en el Consejo Federal de Educación (CFE), que tiene previsto reunirse, por segunda vez en el año, el 18 de marzo venidero.
¿Qué se sabe del proyecto paralelo?
El texto, al que accedió el diario La Nación, titulado “Ley Bases para el Financiamiento Educativo Federal”, plantea que “la reforma educativa es estructuralmente inviable si se desvincula de la solidez financiera” y considera que la inversión no puede ser una variable de ajuste, sino “la palanca de la transformación”.
Cabe destacar que desde que empezó la gestión libertaria, se perdió un 47,7% de la inversión en educación, según cálculos de Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP/UBA-Conicet).
Hoy, hay uno de cada dos pesos invertidos al final de la gestión anterior. Y el panorama no parece mejorar en 2026, ya que, de mantenerse la inversión del presupuesto, implicaría un ajuste del 7,5% en términos reales comparado con 2025.
Más sobre el desfinanciamiento
“Ese 8% que había anunciado Milei se revirtió y con los datos de la economía de hoy, donde la inflación es más alta que la que había previsto el Gobierno, el ajuste se incrementaría durante este año”, señaló Curcio, también referente de Argentinos por la Educación.
El gobierno de Milei también derogó el artículo que exige que el gasto educativo sea como mínimo del 6% del PBI. Desde su creación en 2005, de todos modos, esta meta solo se cumplió en 2015.
Según los fundamentos del proyecto que impulsan diez provincias, consideran que las reformas pasadas “han demostrado su inviabilidad estructural al concebir el financiamiento como un mero mecanismo operativo posterior, en lugar de un requisito sine qua non para cualquier cambio real”.
En la práctica, en un intento por revertir la derogación de esta meta, fijan un piso presupuestario irrenunciable: el presupuesto anual no podrá ser inferior a la suma efectivamente ejecutada en el ejercicio anterior y la actualización anual estará determinada por el índice que resulte mayor entre la variación del índice de precios al consumidor (IPC) o el aumento de la masa salarial docente.
Fuente. La Nación.
