49 universidades públicas promovieron un amparo judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. La herramienta, había sido recientemente promulgada, pero suspendida por un decreto del presidente Jabier Milei.
Por otra parte, y casi en paralelo, en la Cámara de Diputados el secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez ratificaron que no aplicarán la ley, bajo el argumento de que se desconocen de dónde provendrían los fondos, y en defensa del mentado déficit cero.
Presupuesto
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a 49 universidades nacionales, entre ellas la UNVM y las Regionales de la UTN, presentó una acción de amparo ante la Justicia Contencioso-Administrativa Federal exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
El núcleo político de las y los rectores de las universidades nacionales realizaron esta acción reparatoria en silencio, con el aval de la mayoría de las casas de estudio.
El constitucionalista doctor Pablo Manili, patrocinante de la acción, explicó al programa Dialogando (Radio Sudamericana de Corrientes) que se trata de “una situación inédita en la historia argentina”, ya que “es la primera vez que un presidente se niega a cumplir una ley debidamente sancionada y promulgada por el Congreso”.
“El presidente tiene una sola facultad: promulgar la ley y cumplirla. No puede suspenderla ni ejercer un control sobre su contenido. No implica un gasto nuevo, sino la actualización de partidas”, afirmó Manili.
Cabe destacar que las universidades públicas están operando con presupuestos congelados desde 2023, con una pérdida del 80% en funcionamiento y del 40% en los sueldos docentes y NoDocentes.
Torrendell y Alvarez
Torrendell y Álvarez expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Los funcionarios aseguraron que las partidas de fondos para educación para el año que viene registrarán un 10% de aumento en términos reales y que las universidades podrán “cubrir todas sus necesidades”, sin necesidad de aplicar la ley reclamada.
“Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”, dijo Álvarez. E ironizó: “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.
Por su parte, el subsecretario, pretendió desmentir algunos argumentos esgrimidos desde la oposición: «Quiero traerles una buena noticia, ya que muchos expresaron preocupación: no se cerró ninguna universidad. Tampoco hay un éxodo de docentes en una crisis total”. Añadió: “Se ha aprobado la incorporación de prácticamente el 100% de las demandas de las universidades para completar los cargos no docentes. Por lo tanto, no hay ningún ajuste con despidos, como la campaña sistemática del miedo habían instalado”.
