Escribe: Nahum Mirad (Secretario General de ADIUVIM)

La educación y el conocimiento son los pilares sobre los cuales se construye el futuro soberano de cualquier país. Esto es más cierto aún en un contexto global donde la llamada «economía del conocimiento» es uno de los más sólidos descriptores de los niveles de desarrollo integral.

En Argentina, las universidades públicas, junto al sistema de ciencia y tecnología, desempeñan un rol esencial en el desarrollo social y económico, garantizando movilidad social y produciendo conocimiento estratégico para el crecimiento nacional. Desde la Reforma Universitaria de 1918 y la gratuidad de 1949, las universidades públicas son puerta de acceso a la educación superior para millones de personas en todo el territorio de la República, además de formar a científicos y profesionales reconocidos internacionalmente, como los Premios Nobeles Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, entre un enorme grupo de profesionales que destacan en áreas como la salud, la física, las matemáticas, y un amplio abanico de campos. Este legado (un verdadero «activo» como país), sin embargo, enfrenta hoy una amenaza que compromete su existencia misma.

La reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso Nacional establece un marco claro para garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades y representa un paso fundamental hacia la estabilidad del sistema educativo. Dicha ley busca corregir el sobreideologizado «desfinanciamiento de shock» aplicado por el presidente Javier Milei al sistema de ciencia y tecnología, que afecta ya profundamente a las universidades. Los efectos de esta política ya pueden medirse en infraestructuras deterioradas, salarios docentes y no docentes que perdieron poder adquisitivo a niveles de 20 años atrás y liderando el ranking de caída, aún si se los compara con trabajadores informales, y una capacidad de investigación gravemente limitada.

El anunciado veto presidencial a esta ley, será un retroceso significativo y evidencia una falta de compromiso con la educación pública. Pero este paso es solo el inicial de una serie de medidas que apuntan arteramente al corazón del sistema educativo y científico argentino.

El proyecto de Presupuesto 2025, presentado por el gobierno, asigna a las universidades nacionales apenas la mitad de los recursos solicitados por los rectores en el 2024. De consolidarse, el impacto será devastador: se afectarán a límites imposibles los ya esfumados salarios docentes y nodocentes; la capacidad de investigación y el acceso a la educación superior se llevarán a un mínimo, conduciendo al colapso del sistema. Esta reducción presupuestaria es, en términos concretos, un mapa de ruta hacia el «educidio» argentino.

El artículo 27 del proyecto de presupuesto es especialmente alarmante. En él, el gobierno propone, bajo el pretexto de la «emergencia pública», suspender tres leyes clave para la educación, la ciencia y la tecnología: el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (26.206), los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (27.614), y el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (26.058). La suspensión de estas leyes implica pulverizar las estructuras que sostienen la formación de «capital humano» y la generación de conocimiento en el país.

El presupuesto para 2025 contempla una caída del 33.5% en el financiamiento de la ciencia a nivel nacional y una reducción del 45.1% en el presupuesto educativo. De este último, la mayor parte del ajuste recae sobre las universidades nacionales y el incentivo salarial docente que se transfiere a las provincias.

El argumento del «déficit cero», utilizado por el presidente Milei para justificar estos recortes, no contempla las consecuencias a largo plazo de desfinanciar sectores estratégicos como la educación y la ciencia. Suspender las leyes de financiamiento es renunciar a un proyecto de país basado en el conocimiento y la equidad. Las consecuencias serán profundas: menos investigadores, menos innovación, menos profesionales capacitados, y una mayor dependencia tecnológica. Este desmantelamiento no solo afecta el presente, no es un mero «ajuste de sistema», sino que compromete a las futuras generaciones.

La universidad pública no es solo un espacio de formación académica, sino también de transformación social. Desfinanciarla es atacar la posibilidad de construir un país soberano, justo y equitativo. El recorte en ciencia y tecnología implica -fundamentalmente- renunciar a ser un país productor de conocimiento, relegándonos al rol de consumidores pasivos de tecnología extranjera. Este es un camino que Argentina no puede permitirse transitar.

La decisión del ejecutivo profundizará en las próximas semanas el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino también con sectores políticos hasta ahora aliados del gobierno, como la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Estos bloques, fundamentales para la aprobación del presupuesto, ya mostraron su descontento, generando una tensión política que podría obstaculizar la aprobación de la ley de gastos y recursos para 2025.

Es fundamental que la sociedad civil, los científicos, los docentes y los estudiantes tomemos consciencia de lo que está encrucijada implica y nos movilicemos para frenar estas políticas de destrucción educativa. La educación, la ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión en el país. Sin una educación pública sólida y una ciencia robusta, no hay futuro posible.