Según un informe, se acumuló una deuda de $3,4 billones con la educación que equivale a un 5% del PBI de 2020.

Los datos provienen del informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Con autoría de Mariano Narodowski (Universidad Torcuato Di Tella), Gabriela Catri y Martín Nistal (Observatorio de Argentinos por la Educación).

Uno de los consensos alcanzados en la Argentina en materia de política educativa había sido que el gasto en educación (consolidado de la Nación y de las provincias) debía alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a partir de 2010.

Este acuerdo se expresó en la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 y fue avalado por la Ley de Educación Nacional y normas nacionales posteriores. En el período inicial de aplicación (2006-2014) se estimaba un “sobre-cumplimiento” de la meta establecida por las leyes.

Sin embargo, a partir de la base de cálculo dispuesta por el INDEC en mayo de ese año, diferentes estudios constataron que no se había llegado a alcanzar el 6% del PBI.

Transcurrida más de una década desde la obligatoriedad legal de alcanzar el 6% del PBI, este documento buscó cuantificar la deuda educativa en la Argentina, producto del incumplimiento de la meta entre 2006 y 2020 (último dato disponible).

Se acumuló una deuda de $3,4 billones con la educación

Entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI del 2020 (3,4 billones de pesos o U$D 26.009 millones, tomando el dólar a $132,15 promedio del 2022).

“Es así que si el Estado argentino hubiese querido pagar la deuda educativa de una sola vez en ese año, debería haber casi duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año”, indica el informe.

Solo en 2009, 2013 y 2015 se alcanzó el porcentaje de inversión fijado. El 2015 fue el año de mayor ejecución presupuestaria en términos del PBI, alcanzando el 6,1%.

“A lo largo de cuatro períodos presidenciales, la inversión anual en educación en Argentina no ha alcanzado el 6% salvo en los años 2009, 2013 y 2015. La distancia entre el objetivo de inversión fijado por el Poder Legislativo en 2005 y 2006 y el gasto ejecutado nos permite calcular el pasivo entre los dichos y los hechos”, reflexiona Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y coautor del informe.

Los tres años de mayor deuda contraída con la educación fueron: 2019 (841 mil millones de pesos de 2022), 2018 (751 mil millones) y 2020 (570 mil millones). El año 2010, sumado a este trienio constituyen el 68,4% del total de la deuda educativa argentina.

Con su creación en 2012, se cumplen 10 años del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) que aún no tiene cobertura nacional.

Falta de coordinación, cambios de rumbo en la política nacional y resistencias en las jurisdicciones son algunos de los factores para que la nominalización de estudiantes aun sea un desafío pendiente.

Los datos surgen del informe “A 10 años de la creación del SInIDE: ¿dónde estamos hoy?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Samanta Bonelli.

El documento se basa en entrevistas en profundidad a referentes técnicos a nivel nacional y jurisdiccional. Además, contiene un relevamiento enfocado en las características de los sistemas jurisdiccionales de información educativa.

Hay cuatro estrategias

Actualmente coexisten diferentes estrategias que fueron desarrolladas en distintos momentos, con miras a implementar el SInIDE: el SInIDE Aplicativo, la Base Nacional Homologada (BNH), el SInIDE Acompañar y el SInIDE Gestión Escolar.

Según los últimos datos disponibles, el SInIDE Aplicativo cuenta con un 29% de la matrícula de educación obligatoria nominalizada, mientras que la BNH cuenta con el registro nominal del 74% de la matrícula de todo el país.

Con respecto al SInIDE Gestión Escolar, 5 provincias (Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja, Catamarca y Salta) están cargando información en dicho sistema, mientras que otras 14 están en proceso de integrarse, con distintos niveles de cobertura y a distintas velocidades.

«A pesar de los múltiples esfuerzos a lo largo de estos 10 años y del impulso durante esta gestión, Argentina aún no tiene un sistema de información educativa nominal con cobertura nacional”, afirma Samanta Bonelli, autora del informe.

Y agrega: “Hace falta voluntad política, afianzar consensos y acuerdos, redoblar esfuerzos de coordinación entre nación y provincias y ​ garantizar el financiamiento necesario para poder contar con esta herramienta de gestión clave”.

Cambios de rumbo, resistencias en provincias y falta de voluntad

De acuerdo con las entrevistas a referentes técnicos de Nación y de las jurisdicciones, las principales dificultades para avanzar en la consolidación del SInIDE fueron políticas.

Con esto, remarcan sucesivos cambios de rumbo en la política nacional de información educativa, resistencias en las jurisdicciones y falta de voluntad política a nivel nacional y jurisdiccional. Además de falta de claridad respecto a los objetivos del SInIDE.

“Los avances están, pero la desarticulación también y las limitaciones técnicas y especialmente políticas ponen en jaque la posibilidad de lograr un sistema nominal nacional acordado, de indicadores básicos y troncales que alimenten las decisiones de política nacional y jurisdiccionales”, dijo María Cortelezzi, consultora de evaluación de políticas educativas.

Al mismo tiempo que agrega: “Sin ese sistema, no es posible detectar los diversos recorridos que realizan los estudiantes en su paso por la escuela, los cambios de escuela, de provincia, el tiempo que toma egresar de la secundaria, vincular los datos educativos con otros sistemas de información nacionales, entre otros”.

Lo federal. Los perfiles entrevistados identifican una falta de sentido o propósito común claro en la construcción de sistema nominal a nivel nacional. También argumentaron la existencia de una lógica homogeneizadora desde la Nación que desconoce las particularidades y necesidades de las jurisdicciones en materia de información.

Las resistencias. Al indagar por los motivos que explican estas resistencias identifican que existe un alto grado de desconfianza por tratarse de información sensible. En este sentido, se hizo mención a la falta de capacitación de funcionarios y técnicos en materia de protección de datos personales.

Como sugerencias para avanzar, las y los entrevistados remarcaron fortalecer la conversación federal y dotar de sentido al SInIDE, aplicar o fortalecer incentivos a la carga o traspaso de información.

Además de potenciar el uso de la información disponible, fortalecer capacidades institucionales y promover el intercambio entre jurisdicciones y mejorar la ley de datos personales.

¿Qué pasa en las provincias?

De las 24 jurisdicciones convocadas a participar del relevamiento, fueron 14 las que respondieron: Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán.

13 de las 14 jurisdicciones que respondieron el relevamiento implementan sistemas propios de información nominal, de los cuales solo uno no se encuentra integrado al sistema nacional.

Según las respuestas, en promedio, se registra un alto nivel de cobertura de estos sistemas en los niveles obligatorios: 97% en inicial, 94% en primaria y 93% en secundaria.

El 100% de las jurisdicciones relevadas cuenta con información nominal sobre estudiantes, un 93% releva o integra datos sobre trayectorias educativas, el 85% información sobre docentes, un 38% sobre salarios y presupuesto, y un 61% sobre infraestructura escolar.

En Córdoba cuentan con un sistema propio y están en proceso de integración al SInIDE.

9 de cada 10 familias consideran que las posibilidades de que sus hijos e hijas consigan empleo aumentan si terminan la escuela, de acuerdo con una encuesta a familias que viven en barrios populares de ReNaBaP.

Según una encuesta, 9 de cada 10 familias (89%) consideran que las posibilidades de sus hijos/as de conseguir empleo crecen si terminan el colegio secundario. Adicionalmente, las familias destacaron la importancia de que sus hijos e hijas reciban formación profesional, laboral y de oficios durante la secundaria.

Los datos surgen del informe “¿Qué esperan de la educación las familias de los barrios populares?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación y la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo de la Nación.

El informe se basa en una encuesta de alcance nacional a una muestra exploratoria de 540 familias de barrios populares con hijos e hijas en la escuela primaria y secundaria. Por medio de la encuesta y de un estudio etnográfico, buscaron identificar las demandas y expectativas de estas familias respecto de la educación de sus hijos e hijas.

Enseñanzas de oficias e idiomas, lo más demandado

La enseñanza de oficios, idiomas y actividades vinculadas con el mundo del trabajo aparece entre las principales demandas de las familias encuestadas. Educación Sexual Integral, arte y deporte también son mencionados en los reportes ante la pregunta sobre qué les gustaría que la escuela les enseñara a sus hijos.

“Los sectores populares mantienen la fe en el valor de las titulaciones para que sus hijos tengan acceso al mercado de trabajo. Sus demandas sobre la escuela están asociadas a esta expectativa: quieren computación, inglés, arte y oficios. Supongo que dan por sentado que la escuela les proporcionará los recursos básicos de la cultura como la lectoescritura y las matemáticas”, reflexiona Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO.

Los reclamos sobre la infraestructura

El 35% de las familias señala que la infraestructura de la escuela a la que asiste su hijo/a se encuentra en condiciones regulares y el 50% afirma que está en buenas condiciones; ​el 13% restante percibe malas condiciones.

Las cuestiones relativas a mejoras de infraestructura más mencionadas son la calefacción (40%) y los baños (39%).

Otros reclamos frecuentes son la necesidad de más aulas, espacios de recreación, mayor mantenimiento y seguridad. En relación con la conectividad, casi 7 de cada 10 familias (68%) informan que las escuelas de sus hijos/as tienen conexión a internet.

Por otra parte, el informe explora aspectos relativos a los servicios alimenticios en contexto escolar. Según los reportes, la mayoría de los estudiantes solo recibe una comida liviana en la escuela (desayuno o merienda).

En primaria, solo el 10,4% de los estudiantes que van 4 horas o menos reciben almuerzo, mientras que ese porcentaje aumenta a 62,1% en el caso de los que van más de 4 horas. En el nivel secundario, los reportes señalan que reciben almuerzo el 25,2% de las y los que asisten 4 o menos horas y el 25,9% que asisten más de 4 horas.

Eligen las escuelas por cercanía y “buenas referencias”

Otro de los datos destacados del informe indica que la elección de escuela por parte de los grupos familiares se basa, principalmente, en la cercanía: el 55% de las ​ personas encuestadas menciona esa razón, mientras que el 15% menciona que eligió la escuela por “buenas referencias”.

Además, 7 de cada 10 familias (70%) declaran que su hijo/a tarda habitualmente menos de media hora en llegar a la escuela.